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- RAÚL PIÑA
- Madrid
Actualizado Domingo, 25 septiembre 2022 –
Los presidentes autonómicos advierten de que están en peligro unos servicios públicos de calidad
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La constatación de que esta legislatura, que a priori finaliza dentro de un año, no será la de la renovación del sistema de financiación autonómica genera inquietud e incertidumbre en las comunidades autónomas. Desde Hacienda ya se anticipó que el asunto, en todo caso, no se abordará asunto hasta después de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, lo que de facto cierra la puerta. Y en La Moncloa aparcan la reforma ante la disparidad de posiciones entre los territorios y la pugna fiscal desatada en los últimos días.
La acometida fiscal abanderada por las regiones del PP, con una apuesta por la rebaja de impuestos, no tiene seguimiento en las socialistas. Las comunidades consultadas por este diario –Asturias, Aragón, Rioja, Valencia, Extremadura…- no contemplan, a día de hoy, deflactar el IRPF. Incluso el presidente valenciano, Ximo Puig, ha pedido que se castigue en el reparto de fondos estatales a las autonomías que bajen impuestos, una petición que todas las fuentes socialistas enmarcan como iniciativa personal.
Esa pugna fiscal entre comunidades populares y socialistas se convierte, sin embargo, en un bloque transversal de territorios de ambos signos políticos exigiendo un fondo transitorio hasta que se renueve el sistema de financiación autonómica.
Los presidentes se juegan su reelección y buscan evitar una recta final de legislatura inmersos en un déficit en la prestación de servicios para sus ciudadanos. Un temor agravado aún más la crisis socioeconómica provocada por la guerra en Ucrania. “No se nos puede seguir tratando como españoles de segunda”, es el mensaje que lanzan desde Murcia. En Asturias, su presidente, Adrián Barbón, ya ha anticipado que en este tema de la financiación autonómica será “muy exigente” y que su posición pasa por “defender una financiación justa para prestar unos servicios públicos de calidad”.
Andalucía (PP), Valencia (PSOE), Murcia (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PSOE) han alzado de manera clara la voz para reclamar un fondo transitorio que palie la «infrafinanciación» que consideran sufren. Una reclamación compartida desde Castilla y León (PP) y Galicia (PP). Además, hace un año se constituyó el G-8 de la España despoblada -cinco del PSOE, dos del PP y el PRC-, que pide que en la financiación prime la despoblación.
Ahora bien, la titular de Hacienda ya ha adelantado que se trabajará de manera más concreto «una vez que se revaliden los resultados electorales en 2023 para que tengan las administraciones territoriales las garantías». En el Gobierno ya no contemplan que haya una nueva financiación autonómica esta legislatura. Eso sí, en La Moncloa lo achacan a la falta de consenso entre las autonomías. Fuentes gubernamentales exponen que es un asunto que no se puede dejar en manos de éstas, porque hay visiones contrapuestas incluso entre las del mismo color político, y debe conllevar un acuerdo PSOE-PP, algo que no ven factible.
FONDO DE NIVELACIÓN
Las comunidades que exigen ese fondo transitorio alegan estar “infrafinanciadas” y añaden que la pandemia, además, ha supuesto un esfuerzo económico para prestar servicios públicos como la sanidad o la educación y que para que éstos puedan seguir dándose en condiciones óptimas esa financiación autonómica debe ser renovada. En su reunión a finales de julio en La Moncloa, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, pidió a Sánchez un fondo transitorio de nivelación de 1.731 millones para Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Este miércoles, en el Congreso, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, preguntará a Pedro Sánchez si contempla crear un Fondo Transitorio para igualar a las Comunidades Autónomas peor financiadas.
Valencia selló hace un año una “alianza” con Andalucía para exigir el mencionado fondo transitorio de compensación que, consideran, debiera prorrogarse automáticamente hasta la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación autonómica. Esta misma semana, su presidente, Ximo Puig, ha calificado de “intolerable” que no se haya cambiado el modelo de financiación. Como sus colegas, expone el peligro de que una “insuficiencia financiera” merme los servicios públicos: “Así es absolutamente imposible dotarnos a la sanidad que queremos”, puso como ejemplo.
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha secundado esta posición de Andalucía bajo el argumento de que hay comunidades que están siendo “objetivamente maltratadas”. Ese fondo transitorio tendría como finalidad “no decir que no a ningún servicio, metiéndonos en todo tipo de expansión de servicios sanitarios, educativos o sociales”.
Javier Lambán, presidente de Aragón, también ha avalado esta petición de un fondo transitorio que conceda más dinero a los territorios, llegando a calificar la situación de “absolutamente angustiosa”. “Teníamos problemas muy serios antes de que empezaran a incrementarse los precios de la energía y las materias primas, y ahora más”.
Hacienda rechaza poner en marcha este fondo transitorio. Defienden que el Gobierno ha destinado los “mayores recursos de la historia durante todo su mandato a las Comunidades de manera consecutiva”, remitiéndose a la transferencia de 16.000 millones durante la pandemia, otros 13.000 millones al año siguiente y otros 7.000 millones extraordinarios fruto de la compensación del sistema de información del IVA. Y que las comunidades recibirán el próximo año 134.336 millones del sistema de financiación, lo que supone un aumento de 26.130 millones respecto a 2022 (un 24% más).
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