Opinión
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Actualizado Sábado, 10 septiembre 2022 –
El autor realiza un análisis de la figura de la reina Isabel II de Inglaterra e indica los altos índices de apoyo que tuvo siempre la monarquía en un país donde la soberana cumplió correctamente con su función
¿Cuánto era la corona y cuánto era Isabel? ¿Se limitó la recién fallecida reina a interpretar un papel pautado por la ley y por la tradición, de cariz principalmente protocolario, y que durante sus 70 años de reinado siempre contó con la aceptación popular -así como con el respaldo de los principales partidos-? Es decir: ¿se limitó la reina a seguir un camino claramente marcado, y más o menos sencillo para cualquiera que tuviese un poco de cabeza?
¿O fue más bien una persona de excepcional inteligencia y habilidad, alguien que logró navegar un sinfín de cambios políticos, sociales y culturales que afectaban de lleno a las bases de su legitimidad, sin perder por el camino el apoyo de sus súbditos? ¿Cuánto de lo que aportó a la vida de su país -estabilidad, continuidad, neutralidad- lo podría haber aportado cualquier otra persona que se sentara en el trono británico, y cuánto fue posible gracias únicamente a su iniciativa y su personalidad?
Estas son algunas de las preguntas que podemos plantearnos al hacer balance del reinado de Isabel II. Pese a la reverencia casi mundial de estos días por su figura, su relevancia histórica ofrece muchos elementos para la interpretación y el debate. Porque una cosa es que Reino Unido haya cambiado sustancialmente durante esta segunda “era isabelina”; otra cosa es que la propia Isabel haya tenido algo que ver en ello.
Empecemos señalando que, a priori, preservar la monarquía en Reino Unido no parece una tarea muy complicada. El último experimento republicano en aquel país duró 11 años, y terminó sin demasiado escándalo en 1660. La última revolución, por su parte, tuvo lugar poco después (1688) y no planteaba la abolición de la monarquía sino la sustitución de un monarca por otro.
La corona británica no solo sobrevivió a las convulsiones revolucionarias de los siglos posteriores, sino que encima encontró defensores entre algunos de los principales teóricos del país, desde Edmund Burke hasta Walter Bagehot. Estudiar la tradición del pensamiento político británico supone, en buena medida, estudiar defensas de su modelo de monarquía parlamentaria.
Es cierto que las tensiones sociales de principios del siglo XX llevaron a Eduardo VII a referirse una vez a su heredero, el futuro Jorge V, como “el último rey de Inglaterra”; pero la conflictividad social vino y se fue varias veces durante los años previos a la llegada al trono de Isabel II, sin que la monarquía como institución llegara a estar seriamente cuestionada.
También es cierto que ha habido corrientes republicanas en el Reino Unido del siglo XX, pero nunca han dejado de ser posturas minoritarias que, crucialmente, jamás se hicieron con el control de ninguno de los principales partidos. Los laboristas rechazaron la adopción de un programa republicano en 1923, y desde entonces las voces que han defendido la abolición de la monarquía -como James Maxton, Willie Hamilton o Tony Benn– siempre fueron derrotadas dentro del propio partido.
El laborismo no elegiría un líder abiertamente republicano –Jeremy Corbyn– hasta 2015; y es muy revelador que incluso alguien tan dispuesto a proponer cambios radicales como él descartara, desde el primer momento, hacer bandera del cambio de régimen. Las encuestas eran tercas, claro: el apoyo a la monarquía en Reino Unido se ha mantenido durante las últimas décadas alrededor del 70%, incluso cuando se preguntaba a los encuestados por lo que preferirían que ocurriese tras el fallecimiento de la reina.
Por otra parte, en ningún momento de su reinado tuvo Isabel II que tomar una decisión trascendental para el futuro del país, como sí le pasó a nuestro Juan Carlos I durante el intento de golpe de Estado de 1981, o incluso a Felipe VI en el punto álgido de la crisis secesionista catalana; por no hablar de episodios anteriores en los que monarcas constitucionales europeos también debieron tomar decisiones de enorme importancia, como Víctor Manuel III ante la Marcha sobre Roma, o el rey Haakon VII de Noruega ante la invasión nazi de 1940.
Nunca, en sus siete décadas en el trono, ha debido lidiar Isabel II con lo que aquí se llamó “ruido de sables”, ni con cualquier otro tipo de movimiento insurreccional de una mínima envergadura. Y todo lo que quedaba por debajo de aquello en términos de importancia, desde el desmantelamiento del imperio hasta la terrible violencia en Irlanda del Norte de los años 70 y 80, ha sido gestionado por la clase política del país. Una clase política, cabría añadir, que por lo general -y sobre todo en comparación con las de otros países europeos- ha sido competente, honrada y respetuosa de los límites constitucionales.
Es probable, en fin, que ninguna decisión que haya debido tomar Isabel II en todo su reinado haya tenido una trascendencia comparable, para su país, a lo que supuso en España el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno por parte de Juan Carlos I. Quizá podríamos fijarnos en su notable actuación durante las reuniones de jefes de Estado de la Commonwealth de los años 70 y 80, en las que desempeñó un papel importante a la hora de mantener el grupo de países unido en el rechazo al apartheid sudafricano. Pero incluso en este caso estaríamos ante un caso de influencia en el extranjero, no en Gran Bretaña.
Casi parece, más bien, que los principales desafíos de su reinado han tenido que ver con escándalos o tragedias familiares: el divorcio del príncipe Carlos, la muerte de Lady Di, la relación del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein, el niñatismo de Enrique y Meghan. Con el añadido de que, a diferencia del escándalo que llevó a su tío a renunciar al trono -cuando eligió casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson-, ninguno de estos escándalos ha puesto en entredicho quién debía ser el monarca ni cuál era la línea de sucesión.
Dicho todo esto, hay que preguntarse si la importancia de Isabel II no residirá, más bien, en todo lo que no hizo. Durante 70 años de reinado, cuesta encontrar un solo error por su parte que hiciera a los británicos replantearse seriamente su forma de gobierno. Y, dada la extensa lista de monarcas que no supieron ajustarse al papel que su sociedad y sus circunstancias esperaban de ellos, y que pagaron ese error con la abdicación o incluso con el final de su dinastía, no se puede decir que este tipo de aciertos se deban dar por descontados. Conseguir que a uno no le echen de un puesto vitalicio es, según nos muestra la Historia, mucho más complicado de lo que parece. Y así, lo que parece una ausencia sería más bien una consecuencia: si el republicanismo británico ha sido tan minoritario quizá sea porque Isabel II nunca le dio oportunidades para crecer.
Por otra parte, parece claro que Isabel II contribuyó a la notable estabilidad que caracteriza a la política británica durante su reinado. Incluso si tenemos en cuenta la convulsión y el desgaste de su proceso de salida de la Unión Europea, Reino Unido ha mantenido uno de los sistemas políticos más estables del continente, con su alternancia pacífica en el poder, sus elecciones libres, su notable respeto a la separación de poderes, su vibrante esfera pública y sus largas etapas de gobierno por parte de los dos principales partidos. Al mantenerse en su papel, y sobre todo al quitarse de en medio en cualquier polémica política, Isabel II habría permitido no solo el correcto funcionamiento del sistema, sino también su gradual mejora. La evaluación del éxito de un monarca como el británico se tiene que inferir por los resultados: si el sistema va bien, es que el monarca lo ha hecho bien.
David Jiménez Torres es profesor en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, y autor de ‘Nuestro hombre en Londres. Ramiro de Maeztu y las relaciones angloespañolas’ (Marcial Pons).
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